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22 de abril de 2022

Gobierno corporativo, la asignatura pendiente de las pymes

En los últimos años, las empresas españolas se están transformado para competir en los mercados exteriores, modernizándose y adoptando los estándares reconocidos en un mundo global. Los usos intuitivos y autodidactas de la empresa tradicional están dando paso a procedimientos más articulados y transparentes, basados en principios éticos, que no sólo aseguran el buen funcionamiento de la empresa a largo plazo, sino que generan confianza en sus clientes, proveedores, empleados, accionistas y en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la implantación de un  gobierno corporativo de calidad presenta dificultades para algunas pymes, lo que puede estar disminuyendo su competitividad, mermando sus posibilidades de crecimiento y limitando sus oportunidades de financiación.

Buenas prácticas para obtener financiación

En este sentido, existe una creciente oferta de financiación a largo plazo alternativa a la tradicional bancaria, que las medianas no pueden desaprovechar para seguir creciendo en un momento de posible restricción del crédito bancario.  A la hora de acceder a esta financiación, que procede del capital privado, es conveniente demostrar las buenas prácticas de la empresa en materia de gobierno corporativo, entre ellas, la calidad de sus órganos de gobierno, la transparencia y consistencia de la información financiera o la adecuada gestión de sus riesgos.

De hecho, en las calificaciones crediticias de INBONIS Rating, que son utilizadas por los gestores e inversores institucionales para tomar sus decisiones de inversión, los factores evaluados que se relacionan con el gobierno corporativo (accionariado, management, estabilidad) de las empresas ponderan un 30% en la nota de rating. Para consultar la metodología empleada por INBONIS Rating pulse aquí.

Acceso a licitaciones públicas

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece una serie de requisitos para acceder a las licitaciones. Además de demostrar la solvencia financiera y técnica, la ley plantea algunos requisitos relacionados con el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa. Así, se incentiva el uso de las llamadas cláusulas sociales, lo que implica conceder contratos a una entidad  por criterios distintos y adicionales al precio ofertado para realizar el trabajo. Estos criterios deben estar relacionados con la política social o medioambiental. Dado que la contratación pública supone aproximadamente el 20% del PIB en España, es necesario que las empresas se pongan al día en materia de buen gobierno si no quieren perder oportunidades de negocio.

Mayor resiliencia

La implantación de un modelo de gobierno corporativo, acorde con los estándares internacionales, facilitan también la ejecución de la estrategia empresarial y permiten afrontar los ciclos económicos adversos, como el actual, con mayor resiliencia. Con protocolos bien definidos y transparentes, mejora la generación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas, es más fácil implicar a la plantilla y, en caso de ser necesario acometer una reestructuración del negocio, genera más confianza entre los socios, los acreedores y los diferentes grupos de interés.

En el caso de las empresas familiares, el 89 % del total, donde los roles y el poder de decisión se difuminan, la adopción de protocolos de gobierno corporativo ayuda a evitar conflictos personales y a regular el traspaso generacional.

¿Cómo implantar el gobierno corporativo en una pyme?

Conviene, por tanto, que las pymes y midcaps interioricen el principio de transparencia y se doten de reglas, órganos de gobierno y controles sólidos para mejorar su eficiencia.  Basándose en  principios éticos, deben desarrollar normas de actuación que regulen las actuación de las personas que la integran, incluido el de los administradores, y los flujos de información hacia la empresa y hacia el exterior. Es necesario también realizar auditorías internas para monitorizar el cumplimiento de las normas autoimpuestas y de la legalidad vigente, evaluando periódicamente los riesgos y diseñando planes correctivos para mitigarlos o corregir posibles deficiencias.

En España, existen desde hace años normativas específicas en materia de gobierno corporativo (Código Penal, Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas de la CNMV) y, en septiembre de 2021, la Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la Norma UNE-ISO 37000 Gobernanza de las organizaciones. Orientación. Este estándar internacional identifica los principios clave de la gobernanza y proporciona orientación práctica sobre los mismos: propósito, estrategia, rendición de cuentas, responsabilidad social, gobernanza del riesgo, entre otros.

Para adaptar las normativas a las necesidades de las pymes, también Cepyme editó en 2018 una Guía de buen gobierno corporativo para empresas pequeñas y medianas. Consultando esta guía, las pymes pueden determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno cumplimientando un test con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación previa, la guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos principios básicos, que suponen una adaptación a las singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos que existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo.

PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
1.- Informar con claridad en la junta general sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno.
2.- La junta general debe funcionar bajo principios de transparencia y con la información adecuada.
3.- La sociedad debe facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia y participación en la junta general en igualdad de condiciones.
4.- El órgano de administración asumirá colectiva y unitariamente la responsabilidad directa sobre la administración social y la supervisión de la dirección de la sociedad con el propósito común de promover el interés social.
5.- El órgano de administración tendrá la dimensión precisa para favorecer su eficaz funcionamiento y la representación de todos los intereses de sus socios o accionistas.
6.- En la composición del órgano de administración se fomentará la diversidad de conocimientos experiencias y género.
7.- Los miembros del órgano de administración dedicarán tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus funciones y deberán contar con información suficiente y adecuada para la toma razonada de decisiones.
8.- El órgano de administración se reunirá con la frecuencia necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones de administración y control.
9.- El órgano de administración evaluará periódicamente su desempeño y el de sus miembros así como los resultados obtenidos por las diferentes direcciones ejecutivas que operan en la sociedad.
10.- La sociedad pondrá en marcha una función de control y gestión de riesgos que goce de independencia organizativa y pueda informar al órgano de administración.
11.- Política adecuada de responsabilidad social corporativa como facultad indelegable del órgano de administración ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.
12.- La remuneración del órgano de administración será la adecuada para atraer y retener a sus miembros de acuerdo con su dedicación, cualificación y experiencia profesional.