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22 de noviembre de 2021

La calificación crediticia se impone como criterio para acceder a la financiación pública en Europa

La calificación crediticia se está imponiendo como criterio de elegibilidad para las pequeñas y medianas empresas que desean acceder a la financiación pública en Europa. Distintas organismos públicos europeos, nacionales y regionales están apoyándose en las agencias de calificación crediticia para evaluar a las pymes que solicitan su apoyo y garantizar así que los recursos públicos se destinan a empresas realmente viables, capaces de devolver las cantidades aportadas.

En muchos casos, la calificación crediticia sirve de puente entre los inversores, que aportan capital privado a través de instrumentos híbridos de colaboración público-privada, y las pymes que necesitan financiación. Los inversores encuentran nuevos nichos a los que destinar sus recursos, ya que, hasta la fecha, más del 95% de sus inversiones se concentran en bonos del Estado, grandes empresas y productos. Las pymes, por su parte, encuentran financiación alternativa a la tradicional bancaria para sus proyectos de futuro, precisamente cuando la financiación bancaria a largo plazo parece empezar a restringirse.

Un ejemplo es el Pan-European Guarantee Fund del Fondo Europeo de Inversiones, quien requiere que la empresa cuente con un rating oficial externo igual o superior a B- para ofrecer sus garantías.

En España, la agencia estatal COFIDES utiliza la calificación como primer triaje para las pymes que quieren acceder al Fondo de Recapitalización de las Empresas afectadas por la COVID 19, mientras que SEPIDES puede exigir la presentación un rating emitido por una agencia de calificación a las pymes que soliciten una ayuda de entre 5 y 10 millones del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, rating obligatorio para las cantidades superiores a 10 millones de euros. En el ámbito regional, el Instituto Valenciano de Finanzas, también utiliza el rating crediticio en su programa de préstamos participativos.

En Francia, el Plan Relance, que incluye préstamos participativos y obligaciones,  requiere a las empresas una calificación crediticia de al menos BB- emitida por una agencia de calificación o su calificación equivalente de Banque de France (5+). Además, varias regiones francesas están preparando programas similares.

La normalización del uso de la calificación crediticia abre nuevas posibilidades de financiación a las pymes, ya que no sólo facilita el acceso a la financiación pública, sino que les permite acudir al capital privado para financiar sus proyectos de crecimiento, como es habitual en Estados Unidos. En Europa, sólo el 20% de la financiación a largo plazo proviene del capital privado, mientras que en Estados Unidos este porcentaje se eleva al 80%.

INBONIS está democratizando la calificación crediticia poniendo en el mercado ratings crediticios con precios y plazos adecuados para las pequeñas y medianas empresas. Su misión es dar a las pymes las mismas oportunidades de financiación que tienen las grandes empresas a través de la calificación crediticia para que  puedan seguir invirtiendo y creando riqueza y empleo.

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